21 de mayo @ 11:00 - 12:00
La transición energética cuenta con un amplio respaldo general: según el Eurobarómetro, más del 80 % de los ciudadanos europeos apoya el impulso a las energías renovables. Sin embargo, ese apoyo global no siempre se traduce en aceptación local. En la práctica, numerosos proyectos renovables en Europa sufren retrasos de entre 2 y 5 años debido a procesos administrativos prolongados, alegaciones vecinales o litigios judiciales. La diferencia entre un proyecto que avanza con agilidad y otro que queda bloqueado rara vez es tecnológica o financiera: suele ser social.
La Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) y la Comisión Europea coinciden en que los tiempos de tramitación y la conflictividad territorial son hoy uno de los principales cuellos de botella para cumplir los objetivos climáticos de 2030. En este contexto, la llamada “licencia social para operar” se convierte en un activo estratégico: cuando una comunidad percibe valor, participación y transparencia, el proyecto no solo reduce riesgos, sino que gana aliados que lo legitiman y lo defienden frente a la incertidumbre política o regulatoria.


